Los siete "padres" de la Constitución

De izquierda a derecha, Gabriel Cisneros(UCD), Manuel Fraga Iribarne (AP), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gregorio Peces Barba (PSOE), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Miquel Roca i Jujent (CIU) y Jordi Solé Tura (PSUC), fallecido esta semana, dos días antes del 31 aniversario de la aprobación de la Constitución en referéndum.






Ramón Mur

De los siete "padres" de la Constitución de 1978, se puede afirmar 31 años después: unos lo fueron más que otros. El partido del Gobierno, la Unión de Centro Democrático, disfrutó de una representación superior a la de las restantes fuerzas políticas, en una proporción que no se correspondía con su presencia en las instituciones donde disponía de una poco holgada mayoría, desde luego bien lejana a la absoluta, como ocurría en el Congreso de los Diputados. A pesar de todo, el reparto en la ponencia redactora de la Constitución fue así de desproporcionado y favorable a los intereses del Ejecutivo presidido por Adolfo Suárez: UCD, tres ponentes; las restantes formaciones(PSOE, CIU, PCE-PSUC y AP)tuvieron un sólo representante en el grupo redactor de la futura Carta Magna.

La situación privilegiada y hegemónica de UCD resultó, no obstante y a la larga, menos decisiva de lo que pareció a primera vista. Y pudo ser así porque la importancia de la ponencia redactora estuvo más en las personas que en los partidos a los que representaba cada ponente. Es decir, que la supuesta prepotencia del partido gubernamental quedó muy rebajada. Los redactores eran todos juristas de prestigio o con prestancia universitaria en las Ciencias políticas, como era el caso de Fraga. El ex ministro de Información y Turismo con Franco no encontró en UCD un puente de conexión tan explícito con el pasado inmediato, como muchos españoles de entonces pensaban.

Los "padres" más influyentes en el texto final de la Carta Magna fueron, por lo que parece y por este orden, Miguel Herrero y Rodriguez de Miñón, Jordi Solé Tura, Gregorio Peces Barba y Miquel Roca i Jujent. No es que los otros tres ponentes tuvieran papel de meras comparsas, pero Manuel Fraga Iribarne, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros tuvieron una participación más discreta. Como se ve el grupo estaba comandado por Herrero de Miñón, letrado de gran prestigio ya por aquella época y de una vocación política inequívoca. Era, además, el vigía puesto por el Gobierno junto a Pérez Llorca y Cisneros. Los otros redactores de influencia decisiva -Solé Tura, Peces Barba y Roca- tenían acreditado, desde posicionamientos políticos divergentes, un pasado claramente antifranquista.

Esta fisonomía oficiosa y diríase que espontánea de la ponencia, unida a una distribución de tareas nada oficial o impuesta, hizo que el trabajo de los redactores pudiera realizarse libre de ciertas cortapisas de las que muchos pensaron entonces que no podrían librarse. Se ha escrito muchas veces que de aquel grupo de escogidos salió un texto ambiguo en exceso y tan proclive a las más variadas interpretaciones que lo harían inaplicable. Los ponentes han recordado muchas veces a lo largo de estos años que la Constitución que entonces se alumbró sólo podía nacer avalada por el máximo conseno político posible. Y este propósito es indudable que se logró con nota sobresaliente.

Con todos sus defectos, la Constitución de 1978 fue una gracia del destino para España, concedida en tiempos difíciles de transición de una dictadura a un régimen democrático de libertades. La pena es constatar que hoy, tres décadas después, sería bien difícil que las fuerzas políticas lograran un consenso tan alto como el de entonces que les permitiera redactar un texto igual de fructífero que el de la Constitución de 1978. Todo hace pensar que si en este momento se revisara la Carta Magna el resultado final sería negativo para el Estado de las autonómías, consagrado en el texto constitucional de hace 31 años. Pero ésa sí que es harina de otro costal.