Jubilar a Garzón por investigar crímenes

El juez Baltasar Garzón.







Julián Casanova

EL PAÍS



La sombra de la dictadura de Franco es alargada. No resulta fácil olvidar ese periodo prolongado de autoritarismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero, precisamente por esas mismas razones, hay también muchas personas que no quieren que se recuerde.



El proceso para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón es la última proyección oscura que el franquismo nos lanza más de 30 años después de su muerte oficial. Dicen que Garzón tiene pocos amigos en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente es la que ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para esa suspensión; que algunos no le perdonan sacar a la luz los trapos sucios del caso Gürtel; y que otros tienen con él viejas disputas que saldar. Pero todo comenzó, recordémoslo, cuando en mayo del año pasado el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de los crímenes del franquismo.



La democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.



Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.



España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. El discurso del orden, de la patria y de la religión, se impuso al de la democracia, la república y la revolución. La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.



Bastaron, sin embargo, tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida del otro, por la deshumanización del contrario, sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.



El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas. Como los poderes políticos nunca tomaron en serio el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas, fue un juez quien tomó la iniciativa, el mismo, por cierto, que actuó contra los GAL, envió a prisión a cientos de terroristas de ETA u ordenó el arresto de Augusto Pinochet.



En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, un sector de jueces, de políticos y medios de comunicación se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para darle la jubilación.



La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.

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Manifiesto por las víctimas del franquismo

"HEMOS CONOCIDO LA NOTICIA"


Hemos conocido la noticia de las 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados ante nosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica , los investigadores y familiares.

Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de la libertad y la democracia, junto a las de sus compañeros represaliados, deben ser reconocidos sin distinción por quienes se consideran sensibles y demócratas como parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX. Les debemos reconocimiento a su esfuerzo y esperanza por un mundo mejor en los años más terribles de la historia europea.

Por ello, sin entrar en la causa "sub judice" que respetamos, es motivo de celebración el trabajo encomiable del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de tramitar este sumario de la época franquista tras la aprobación de la Ley de Memoria histórica, por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia. Por ello lamentamos el desproporcionado ataque a su labor desde ámbitos determinantes que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes.

Quienes dignificaron la democracia con la inmolación de sus vidas forman parte de uno de los capítulos más generosos de la memoria española del siglo XX y por ello no queremos permanecer impasibles ante la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar del Juzgado competente este caso.

PROMOTORES DEL MANIFIESTO:

ERNESTO SÁBATO, ANTONIO GAMONEDA, JOSÉ SARAMAGO, JUAN GOYTISOLO, JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD, JOSÉ LUIS SAMPEDRO, EMILIO LLEDÓ, PACO IBÁÑEZ, JOSÉ VIDAL BENEYTO, IAM GIBSON, BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA, CRISTINA ALMEIDA, MANUEL RIVAS, JORDI DAUDER, JUAN CARLOS MESTRE, SUSO DEL TORO, PILAR DEL RÍO, OLGA LUCAS, JULIA SANJUÁN , FANNY RUBIO, FERNANDO DELGADO, JOAN OLEZA, RAMÓN IRIGOYEN, LIDIA FALCÓN O’NEILL, JUANA VÁZQUEZ, MONCHO ALPUENTE, LUIS PASTOR, ELISA SERNA, MIGUEL GARCÍA POSADA, MARIAH BARRANCO, SANTIAGO DE CÓRDOBA, MATÍAS ALONSO, PILAR BARDEM

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