Reclamo social

La Comarca del Bajo Aragón anunció hace unos días su propósito de colocar carteles de información turística en todos los pueblos, acompañados de caracteres con puntos en relieve para la lectura de invidentes en sistema braille. Una noticia singular que no se produce todos los días, aunque no parece que haya tenido excesiva repercusión.
Es indudable que la iniciativa merece todos los aplausos y parabienes puesto que los invidentes que lleguen a nuestros pueblos podrán conocer todos los pormenores del lugar en que se encuentren por sí mismos y sin la ayuda de nadie.
Representantes de la Comarca dijeron el día de la presentación de tan encomiable proyecto que lo emprendían por inciativa propia y aun conscientes de que no existe reclamo social sobre el mismo. En efecto, es de aplaudir que los visitantes invidentes de nuestros pueblos disfruten de este servicio, aunque no cabe esperar que la sociedad bajoaragonesa reclame su instalación puesto que es poco probable que exista una notable población de invidentes entre los residentes en las localidades de la comarca.
En todo caso, es de justicia reconocer el interés de los responsables de nuestras intituciones por realizar la gestión de gobierno que se les ha encomendado teniendo en cuento el "reclamo social" o incluso anticipándose a él. Si así actúan siempre, pronto veremos concluida la carretera de Alcañiz a Castellote, desde Torrevelilla hasta Aguaviva. Puesto que detrás de esta mejora de infraestructura comarcal existe un viejo reclamo social. Y si de atender otra vieja exigencia social se trata, nuestras instituciones comarcales deberán acelerar el ritmo de presión sobre el Gobierno central a fin de que la esperada doble vía de carretera desde Zaragoza hasta el Mediterráneo (Nacional 232) sea realidad antes de lo que vaticinan los representantes del Ministerio de Fomento. Son sólo dos ejemplos de posibles actuaciones en nuestra comarca en atención al reclamo social.
Pero si se trata de anticiparse incluso al reclamo de la sociedad, podrían, también por ejemplo, intentar que las clases de catalán en los pueblos bilingües estuvieran tan reguladas como la enseñanza de cualquier otro idioma del Estado español, según señala nuestra vigente Constitución. De esa forma quienes quisieran aprender a leer y escribir en los dos idiomas que hablan a diario, dispondrían de la oportunidad de acogerse a un servicio que no todos reclaman con igual intensidad. Vamos, que serían igual de bien atendidos que los invidentes que lleguen de visita a nuestros pueblos.