Con ABASA, ni El Justicia

Ramón Mur

El Justicia o Defensor del Pueblo en Aragón, institución que dirige en la actualidad Fernando García Vicente, intervino hace unos días, ante el Ayuntamiento de Alcañiz, haciéndose eco de las numerosas protestas que ha recibido sobre el estado deplorable en que se encuentra la estación de autobuses de la capital del Bajo Aragón. El consistorio alcañizano, gobernado por la coalición IU-PSOE, se apresuró a contestar que la estación es propiedad de una empresa privada. Por tanto, los ediles que preside Amor Pascual, venían a decirle al Justicia que poco o nada tiene que hacer el consistorio, por más vergonzoso y repugnante que sea el estado en que se encuentra desde hace muchos años el angar de autobuses de la Avenida de Aragón de Alcañiz.

La estación es propiedad de la empresa Autobuses Bajo Aragón S.A.-ABASA, que explota en exclusiva y en situación de vergonzante monopolio todas las líneas regulares de autobuses de la histórica Tierra Baja de Aragón. Esta empresa tiene su origen en Alcorisa, a principios del siglo XX. Propietaria mayoritaria de ABASA es la familia Belda. Contra ABASA no han podido ayuntamientos de centro, de derechas ni de izquierdas. ABASA consigue las licencias de todas las líneas en exclusiva, hace y deshace a su antojo. Mantiene licencias sin explotación con el sólo propósito de que ninguna otra compañía le arrebate la exclusiva. Es lo que ocurrió durante años con la línea Alcañiz-Caspe. ABASA la mantuvo abierta con sólo dos viajes por semana, de ida y vuelta. Cuando la comarca de Caspe quedó incluida en el ámbito territorial del Hospital de Alcañiz, ABASA volvió a reanudar los servicios diarios entre Caspe y Alcañiz. Eso sí, cuidando de que sus horarios no coincidan nunca con los de los trenes que pasan por la estación de Caspe, uno de los pocos puntos de acceso al ferrocarril que quedan en esta tierra.

Todos los males de la estación de autobuses de Alcañiz y del servicio obsoleto que presta ABASA sólo terminarán el día que las instituciones, sobre todo el Gobierno de Aragón, decidan revisar en conjunto el servicio de Transportes de Viajeros por carretera en la comunidad autónoma. Muchos de los trazados de los servicios son los mismos de hace cien años cuando se abrieron. El problema estriba en que ninguna institución se atreve a revisar el estado actual de los servicios con las empresas explotadoras de las compañías de autobuses porque todas están injustificadamente apoyadas por las asociaciones empresariales aragonesas cuando, en realidad, las compañías de autobuses son entidades privadas, sí, pero que prestan un SERVICIO PÚBLICO. Por lo tanto, aunque legalmente puedan buscar su rentabilidad particular como el principal objetivo que persigue cualquier empresario, es evidente que desde el punto de vista ético tal actitud no se sostiene.

Este es el estado lamentable de esta cuestión. Lo más probable es que la protesta ciudadana tramitada por El Justicia quede, una vez más, en nada. Mientras ABASA cuente con los apoyos que actualmente tiene, la estación de autobuses seguirá siendo un bunquer-estercolero y la única forma de viajar al Bajo Aragón no será sólo en autobús, sino en autobús de ABASA. Contra ABASA no puede nada ni nadie en esta tierra. Y tampoco El Justicia.