Justicia y política

José Luis Zubizarreta
(Artículo remitido por su autor)

El sábado, día 17, se celebró en San Sebastián una de las manifestaciones más multitudinarias que la ciudad ha conocido. En la pancarta de cabeza, portada por miembros de los sindicatos convocantes, se leía el lema “Por la libertad. Todos los derechos para todos”. El motivo que había provocado marcha y eslogan era la detención y posterior encarcelamiento, decretados por el juez Garzón, de relevantes miembros de la izquierda abertzale, entre los que destacaban Arnaldo Otegi, antiguo coordinador de la proscrita Batasuna, y Rafael Díaz Usobiaga, ex Secretario General del sindicato abertzale LAB. La acusación del auto judicial era la de encontrarse los encarcelados en proceso de ejecutar la estrategia político-militar que ETA les había presuntamente comunicado e impuesto. Los manifestantes representaban todo el arco del nacionalismo y el abertzalismo vascos, incluido, para sorpresa de muchos, el PNV.
Las decisiones que el juez Garzón ha adoptado en su lucha por desmantelar el entramado civil de ETA han sido siempre mal recibidas por el mundo nacionalista y abertzale. Tiene éste el convencimiento de que todas las iniciativas de este juez en materia antiterrorista están movidas por un impulso político. Tal convencimiento se hizo firme en el verano de 2002, cuando, adelantándose a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, a la que correspondía decidir sobre la ilegalización de Herri Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos, el mencionado juez suspendió la organización de manera cautelar, utilizando la vía más expeditiva del Código Penal. Quedó claro desde entonces que el juez Garzón tenía una idea muy definida del carácter delictivo de todo el entramado político-militar de ETA y que estaba decidido a defenderla y demostrarla ante los tribunales pertinentes.
Si tratáramos de resumir esa idea de Garzón en pocas palabras, podríamos decir que consiste en que el entramado compuesto por todas esas organizaciones que se declaran pertenecientes a la “Izquierda Abertzale” integra un todo perfectamente organizado y jerarquizado en cuya cúpula se sitúa la organización terrorista ETA. Todas las partes se encuentran, por tanto, contaminadas por esa supeditación, toda vez que colaboran, de modo voluntario, en la ejecución de la estrategia terrorista de la banda. Si la comparación sirve a alguien para aclarar esta idea, podría decirse que Garzón está aplicando al entramado etarra el mismo esquema interpretativo que el juez Falcone aplicó, con la ratificación final del Tribunal Supremo italiano, a la mafia siciliana.
Esta concepción, por así decirlo, expansiva del carácter delictivo y, por tanto, penalmente perseguible de todas las organizaciones que integran el entramado etarra está abocada a erigirse en obstáculo cada vez que quiere instaurarse un proceso de diálogo para lograr un “final dialogado” del terrorismo. Así pudo verse en el proceso de 2006, cuando ciertas iniciativas judiciales, propiciadas, sobre todo, por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde la concepción expansiva había sido asumida como la correcta, parecieron poner en peligro la continuidad del diálogo.
En el momento presente, fracasado aquel proceso, la política antiterrorista que lleva a cabo el Gobierno central, con el apoyo del principal partido de la oposición, excluye del horizonte cualquier diálogo final y se orienta en exclusiva a la persecución policial y judicial de todo el entramado terrorista. No entra, por tanto, en conflicto con este tipo de iniciativas judiciales, sino que se ve, más bien, corroborada por ellas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las posturas que continúa defendiendo el mundo nacionalista y abertzale, el cual, pese a sus muchas diferencias internas, coincide en la creencia común de la imbatibilidad de ETA y la consiguiente necesidad del diálogo para terminar con ella.
El último auto de Garzón ha venido a golpear en la línea de flotación de esta creencia. Más allá del eslogan de la pancarta, lo que estaba en la mente de todos los manifestantes del sábado era el convencimiento de que el juez había hecho abortar con su iniciativa la última oportunidad de lograr el final de la violencia en Euskadi. Los encarcelados se encontrarían, en efecto, a punto de ofertar una “propuesta de hondo calado político”, que sería el principio del fin del terrorismo etarra.
Se plantea así la cuestión de si el final del terrorismo va a ser gestionado desde la justicia o desde la política. El mundo nacionalista y abertzale defiende lo segundo. Pero, si quiere que su postura sea aceptada, tendrá que convencer de su corrección a todos aquellos que han perdido ya toda la esperanza de que el entramado civil que gira en torno a ETA tenga la voluntad y la capacidad, no sólo de romper su vinculación con la banda terrorista, sino de hacerlo además sin pretender que toda la historia de terror de aquella quede legitimada a posteriori. Tarea que se ha hecho del todo imposible de defender en vista de los antecedentes.
José Luis Zubizarreta