viernes, 6 de febrero de 2009

El derecho a la lengua, un derecho inalienable

Manuel Castán Espot
(Artículo remitido por Artur Quintana, moltes gràcies)

Es curioso que en ciertos temas, como el de las lenguas, todo el mundo tenga opinión. Es curioso también que pongan tanto empeño en debatir sobre unas lenguas que ni hablan ni escriben ni, en muchos casos, les importan un comino. Se creen, sin embargo, con todo el derecho a plantearse si nos conceden o no el nuestro, es decir, si nos permiten que nuestras lenguas gocen de protección y regulación legal y seamos sus hablantes tratados por fin con dignidad y justicia. Las sociedades más civilizadas y democráticas se miden por el respeto que tienen a las minorías y, sobre todo, por el respeto y amparo que ofrecen a los más desfavorecidos. No se discute si debe hacerse: se hace. Porque no se trata de plantear si se otorga un privilegio; se trata de reconocer un derecho. Pero en España, como si se tratase de una maldición, cuando se toca el tema de las lenguas, brotan los peores y más viles odios. Unos y otros identifican lengua con patria y todo aquel que se atreva a romper el sagrado binomio no es un buen patriota. Unos, los más, lamentan que no sea el castellano la única lengua, al menos para las cuestiones serias, y otros intentan alejar el fantasma del castellano de sus tierras expulsándolo de la enseñanza y de la administración. Y, en mi opinión, sólo será posible vacunar de este mal a generaciones futuras si por suerte, poco probable, aparecen unos líderes políticos que sean capaces de grabar en nuestra Constitución la oficialidad de todas sus lenguas en todo el Estado, al menos del catalán, del gallego, del vasco y del castellano, lengua de todos. El Estado debe acoger a todas sus lenguas como suyas, porque todas son españolas y porque todas ellas se hablan en más de una comunidad. Es y ha sido un error muy grave dejar en manos de nacionalistas de uno y otro signo esta cuestión, porque utilizan la lengua para marcar territorio como los felinos y para escardarlo de las impurezas de otras lenguas. Démosles a todas ellas todo el territorio y procuremos que se extiendan por él enseñándolas y cuidándolas. Amémoslas a todas, pues todas son nuestras y todas son un tesoro. No tengo dudas de que los beneficios que esta política reportaría a la vertebración del país serían tan provechosos que minimizarían los posibles problemas que pudiera conllevar. Pero no soy ingenuo: es más posible que me toque la primitiva.
Por eso, uno no se sorprende del debate que en Aragón genera la anunciada presentación en la Cortes de la Ley de Lenguas. Unos abogan por no poner problemas donde no los hay, como si las lenguas fueran ante todo un problema. Claro, como los hablantes de aragonés y de catalán callábamos, no había problemas. Otros califican de despropósito la Ley porque adjudica al catalán y al aragonés el rango de lenguas propias de Aragón. No sé si servirá de algo decir que lo han sido siempre, desde su formación, porque el catalán también surgió en territorio aragonés, además de en otros, y nada tiene de importada. También dicen que la sociedad aragonesa ha rechazado siempre esa catalogación de lenguas propias. Me gustaría saber cuándo, pero, aunque así fuera, que no lo es, los hablantes de esas lenguas tendríamos igualmente derecho a que se nos respete y a que una ley las dignifique y nos dignifique. Porque, como dicen algunos ahora con asombro, han convivido siempre con el castellano, pero de manera indigna, pues se nos ha negado y se nos niega el poder usar nuestra lengua en todos los ámbitos. Sí, sí, ya sé, para eso ya está el castellano; me lo han dicho muchas veces: las maestras, el señor cura… Pero yo quiero poder decirlo de palabra y por escrito en mi lengua: es mi derecho. Porque hemos nacido con esa lengua y vivido y amado y llorado… y moriremos con ella, pero hemos tenido que leer y escribir siempre en otra, que es nuestra también y la amamos con devoción.
Por todo esto, no se sorprendan, señores diputados, si muchos hablantes de aragonés no les reconocemos su derecho a plantearse si nos conceden el nuestro, y lo digo con el máximo respeto, porque el derecho a la lengua es inalienable. Así que hagan el favor de ponerse de acuerdo en esa Ley que nos ampare y dignifique. No esperen nuestro voto quienes nos nieguen ese derecho y espero que tampoco tengan el del resto de los aragoneses. Y a usted, querido Presidente, gracias por impulsar esta ley: se ha ganado el aprecio y la gratitud de todos nosotros.



Manuel Castán Espot