El Madrid Funcionarial

José Miguel Gràcia*
(Artículo publicado en La COMARCA de Alcañiz el viernes 6 de febrero de 2009, recibido del blog personal Lo finestró del Gracia).

En este país nuestro, llamado España y también Estado Español, nos hemos dado un sistema político y administrativo suficientemente descentralizado, como para aproximarse a lo que en el mundo se entiende como Estado Federal. Al margen de gustos o disgustos, no nos han ido tan mal las cosas a tenor de los resultados económicos y sociales que hemos alcanzado, tanto a niveles absolutos como relativos. De la aceptación del sistema por parte de la ciudadanía, dan fe los arraigados sentimientos autonomistas o nacionalistas que se esparcen por todas la geografía española —impropia, manida y vulgar expresión televisiva—, y que despertaron no ha muchos años. Y así, las diferentes autonomías o nacionalidades —nunca he entendido que quiere decir nacionalidades en este contexto y menos aún si miro el diccionario— demandan nuevas competencias, acompañadas de las correspondientes financiaciones a través de revisiones de sus estatutos, o apuran, en la mayoría de los casos, las que pueden extraer de los no renovados.
El caso es que, mientras se produjeron o se producen nuevos traspasos de competencias, a mi modo de ver, no tuvo lugar antes ni ahora el desmantelamiento correspondiente en la capital del reino. Obsérvense los grandes edificios ministeriales todavía a pleno funcionamiento en labores, se dice, de coordinación y de homologación, o se justifica su existencia por las competencias no transferidas de algunas autonomías. ¿Alguien recuerda si hubo problemas importantes a la hora de desplazar funcionarios de Madrid a las diferentes autonomías? ¿Realmente se produjeron traslados? Sinceramente creo que pocos o ninguno. Las diferentes autonomías han creado su cuota funcionarial, más o menos adecuada a sus necesidades, quedando en Madrid los mismos que había o parecido número. Para mi, no es lo más grave la duplicidad de gastos que se ha producido, sino la casi duplicidad en algunas funciones, que obliga a los que se quedan sin trabajo a justificarse permanente mediante la búsqueda por los alrededores de ocupaciones ficticias o a reocupar parte de las funciones transferidas a las Comunidades Autónomas, o a la creación fantástica de órganos de control y vigilancia, los cuales, a su vez, crean sus propias estructuras. Para demostrar su eficacia y su buen hacer se ven obligados, de vez en cuando, a dar toques de atención a algún gobierno autonómico, mediante algún decreto o simplemente mediante algún artículo del decreto, sabiamente supervalorado e introducido a través de las esferas del poder político gobernante. No hay que olvidar a los que se dedican a la pura intriga. (Bien poco les va a afectar la crisis actual). Si todo ello se complementa con los intereses políticos partidistas del partido del Gobierno de turno (no todos los partidos son iguales), la tensión y las discrepancias aumentan y aumentan. Más que solucionar problemas, contribuyen a crearlos. Es más, cualquier problema que pueda llegar a las esferas del poder de Madrid, poder funcionarial sobrante o excedentario, rápidamente se extiende por todo el territorio del Estado, a través de las estructuras de los partidos más centralistas y los medios de comunicación que los sustentan, autoproclamándose defensores de la integridad patria. Se suele utilizar la insolidaridad para ir en contra de alguna autonomía, sin acompañar la acusación con cifras que lo demuestren. Con la publicación de las balanzas fiscales de las autonomías se han puesto de relieve muchas falacias respecto a la solidaridad. Véase el ejemplo de Cataluña. Otras veces tratan de homogeneizar aquello que los estatutos fijan como diferente: se juega con la inconstitucionalidad según convenga y en los lugares que convenga. Cada partido que
se aplique la cuota que le corresponda, y sino que el ciudadano con su voto lo premie o castigue. Soy bastante escéptico respecto a esto último.
A nada que analicemos los órganos de la Administración Central, encontraremos ejemplos de lo que he dicho por demasiados ministerios. Pero yendo un poco más allá y para no hablar solamente de los funcionarios estrictamente, fijémonos en la Cámara del Senado. ¿Alguien puede explicarme realmente para que sirve en la actualidad? Dentro del Estado autonómico actual, su representación le viene de las antiguas provincias, con ciertas correcciones, restos de una organización superada, por encima con las autonomías, y por debajo con las nuevas comarcas. ¿Por qué no se ha reformado convirtiéndola en la Cámara de representación autonómica, que buena falta hace? ¿Acaso no se encontrarían funciones para la tal Cámara? Y en el caso de no encontrarlas, esta Cámara Alta sobra.
Los empedernidos centralistas matritenses intentan darle la vuelta al problema y razonan que las que sobran son las administraciones autonómicas. ¡Que bien le vendría al país una cura de adelgazamiento de la Villa del Oso y del Madroño!
*Escritor